Victimas del fraude perpetrado por AE Capital señalaron dilación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de  Puebla (FGE), por lo que desde 2017 no han podido recuperar su dinero; el monto global de afectación se estima en 2 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, acompañados de su representante legal, Felipe de Jesús Gil Cruz, manifestaron que uno de los obstáculos a los que se han enfrentado es al constante cambio de agentes del Ministerio público,  ya que en la primera se los han rotado cuatro veces y dos en la segunda.

Uno de los afectados que rechazó dar a conocer su nombre, pero que forma parte de la carpeta 15-809/2021,  exhibió que la Fiscalía General del Estado mandó a elaborar un dictamen contable para conocer el monto del a afectación, pero está mal hecho, puesto que en su caso la cantidad de afectación que ahí aparece es solo el 50 por ciento de lo que entregó a la empresa; mientras que también está una familia a la que defraudaron con alrededor de un millón de dólares y solo le reconocen 900 mil pesos.

“Estoy Enojado Por Todo Lo Que Ha Pasado, Porque Parece Que Primero Tenemos Que Llevar Un Juicio Contra La Fiscalía Para Que Nos Escuche Y Después Tenemos Que Llevar Un Juicio Contra Los Que Nos Estafaron, Es Inaudito Lo Que Está Pasando, Van Tres Años De Fraude, Esto No Camina, No Judicializamos”

A la fecha son tres detenidos que formaban parte de AE Capital, pero el afectado recordó que en la red para consumar la estafa estaban involucradas más de 30 personas.

Por su parte, el abogado Felipe de Jesús Gil indicó que la única que ha actuado con prontitud y de oficio es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que les ha permitido conocer que el monto de afectación es de cuando menos 2 mil millones de pesos, correspondientes a los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.

Recordó que el fraude no es solo a nivel México sino que también hay otros países de Latinoamérica y Europa, como Polonia, Francia y Hungría.

El representante legal llamó a la Fiscalía General del Estado a acelerar la judicialización del caso y también pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la de Puebla, del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como de los poderes Legislativo y Judicial.