Afectados por el fraude de la Financiera Ae capital reprocharon a las autoridades tanto de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como a los jueces locales, de no judicializar la carpeta de investigación que contempla 38 casos de defraudación por 50 millones de pesos.

En conferencia de prensa, acompañados de su representante legal Jesús Gil Cruz, señalaron que lo anterior les ha impedido recuperar su dinero y acceder a la reparación del daño, a pesar de que hay personas detenidas señaladas como las principales responsables del fraude.

“La autoridad pareciera que está en nuestra contra, la FGE no tiene intenciones para las cuales fue creada”, lamentó el abogado.

Aunque en la carpeta de investigación 15809/2021 abarca 38 víctimas tanto de Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Monterrey, Cancún, Colombia, Hungría y Francia, han accedido a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que habla de más de 2 mil personas afectadas con un monto de 5 mil millones de pesos.

La mayoría de los casos se encuentran en Puebla y Veracruz con 800 personas, pero hay rastro de que operaron en España e Inglaterra, países en los que fueron detectados dos años antes que en México.

En Puebla operaban a través de tres familias que utilizaban a sus conocidos, entre ellos políticos y empresarios, para convencerlos de invertir con altos rendimientos, los cuales llegaban en una primera ronda para simular que daban ganancias, pero después ya no respondieron por sus inversiones.

La empresa que estaba legalmente constituida en el país recibía la inversión de las personas que los implicados convencían, mandaban un monto mínimo a los brockers y el resto a paraísos fiscales.

Para los afectados, el no recuperar su dinero se debe a que hay una red mucho más amplia en la que se habla de ex funcionarios locales y también integrantes de la UIF, quienes pertenecieron a la empresa denunciada, los cuales consideran son protegidos por las autoridades.

Uno de los afectados –quien reservó su identidad debido a constantes amenazas de muerte por la denuncia—relató que Daniela y Antonio Echevarria, dos médicos, vendieron la imagen de ser expertos en intercambio de divisas, por lo cual entre sus conocidos comenzaron a entregar rendimientos, lo cual lo convenció de invertir con ellos.

Al conocerlos por varios años, la víctima accedió junto a su cuñado a invertir ya que pasaban una situación complicada debido a la pandemia.

Después se enteraron que cuando comenzaron a invertir, la empresa ya tenía cuatro meses que dejó de pagarle rendimientos a sus demás inversionistas.

“Esto no fue ningún accidente, la empresa ya había dejado de pagar inversionistas y todavía dejaban entrar inversionistas dos años después de eso, cuando ya había denuncias, amenazas y ellos seguían buscando gente”, relató.